El periodo comprendido entre los años 1971 y 1978 fue sin duda, uno de los periodos más oscuros de la historia de nuestro país; caracterizado por un gobierno dictatorial (Hugo Banzer), teñido de múltiples violaciones a los derechos humanos, la ejecución del famoso Plan Cóndor, los niveles críticos de endeudamiento externo y vergonzosos actos de corrupción.
Pese a ello, durante este periodo, Banzer ha promulgado una de las leyes más importantes (pero poco socializada), para la infraestructura de la calidad en nuestro país, como es la Ley Nacional de Metrología.
La metrología, como ciencia que estudia las mediciones, mantiene en esta ley el respaldo técnico normativo para su aplicación en todo el territorio nacional. Está de más decir que, a lo largo de nuestro día, estamos sometidos a varios momentos metrológicos o de mediciones, más aún, en el caso de nuestros sectores productivos, donde se recolecta la materia prima, se la procesa o transforma, se la distribuye a nivel nacional o internacional, etc., un sinfín de momentos.
De manera general, la Ley Nacional de la Metrología consta de tres partes relevantes en su contenido:
a) La primera, asociada al corazón y a la naturaleza misma de la metrología (metrología científica, metrología industrial y metrología legal).
b) La segunda, asociada a los arreglos institucionales planteados para su aplicación.
c) La tercera, asociada a establecer el régimen sancionatorio ante su incumplimiento.
La primera parte, presenta como uno de los primeros retos: la implementación y la aplicación del Sistema Internacional de Unidades en todo el territorio nacional, además de incluir su estudio en el sistema educativo nacional. Hasta ahora tibiamente realizado y que requiere un catalizador en su estrategia.
La segunda parte, está ligada a establecer los arreglos institucionales necesarios para la implementación de la Ley, creando en su momento, el Servicio Metrológico Nacional (SERMETRO) dependiente del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT), no siendo claro si este servicio se trata de un ente jurídico, o más bien, una especie de instancia de coordinación.
El SERMETRO incluye la conformación de una Comisión Asesora, una Oficina Central de Metrología, un Laboratorio Central y Regionales de Metrología y finalmente Oficinas Regionales de Inspección.
En el caso de la Comisión Asesora, la misma está conformada por 9 ministerios del nivel central del Estado, Alcaldías Municipales (más de 300 en la actualidad), Corporaciones de Desarrollo (no queda claro, cuáles serían en la actualidad), Universidad Boliviana (quizá ahora representada por la Confederación Universitaria Boliviana), Cámara Nacional de Industria, Cámara Nacional de Comercio; básicamente insostenible en su momento y crítico en la actualidad.
La Oficina Central operativizaría las decisiones emanadas por la Comisión Asesora, para finalmente aterrizar la metrología en el laboratorio central, los laboratorios regionales y de inspección; planteando con ello un fuerte enfoque de desconcentración de los servicios, enfoque que debe mantenerse y profundizarse.
Lo verdaderamente relevante es la delegación que tiene el SERMETRO, para aplicar el control metrológico, hasta ahora no explotado.
La última parte, establece las infracciones y sanciones correspondientes al incumplimiento de la Ley, no existiendo referencia explícita de las primeras; establece instancias para las sanciones, que van desde la amonestación hasta la aplicación del código penal. Las mismas son dirigidas a la reglamentación específica.
Asimismo, en el marco del Sistema de Regulación Sectorial (1997) se ha evidenciado controversias en algunos sectores, con respecto a los roles de fiscalización y sanción de las Autoridades de Fiscalización y Control y el Organismo de Aplicación de la Ley.
A 43 años de la promulgación de la Ley Nacional de Metrología, el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) como su heredero, tiene el gran reto de actualizarla bajo el contexto actual y proyectarla hacia las prioridades nacionales futuras.
Siendo importante evaluar, los niveles de desconcentración o delegación de los servicios, bajo un nuevo marco autonómico, así como el régimen sancionatorio ante un escenario de regulación sectorial; además de posicionar la metrología bajo el nuevo contexto de desarrollo económico y productivo.
El IBMETRO está a la altura de este reto y de colocar a la metrología en el sitial que le corresponde, pues Bolivia requiere una nueva Ley de Metrología que promueva las mediciones confiables.
Por Christiam Cordero Rocha
Planificador - IBMETRO
